En Cataluña hay un alto cargo de la administración turística autonómica que debiera moderar el uso que hace de la palabra, al menos en público. Porque en el curso de un simposio -el IV- organizado por la asociación de los de Girona dijo cosas que probablemente no quería decir pero que la mayoría de los asistentes interpretaron en un mismo sentido: algo así como ahora podemos hacer uso del método "patada Corcuera", cuando se refirió más o menos a que se había acabado la teórica inviolabilidad de los domicilios.
Anécdotas sobre desafortunadas palabras al margen, este país tiene un problema grave con los apartamentos turísticos: la inmensa mayoría de ellos no están legalizados, vamos que son ilegales o alegales, generando una abultada bolsa de economía sumergida y dinero negro. El mencionado alto cargo y su segundo proporcionaron unos datos que provocan sonrojo: sólo estaban registrados en el departamento autonómico de Turismo algo así como entre el 3 y el 5 por ciento de los que se estima que existen.
Y mientras quienes en este sector de los apartamentos turísticos pagan religiosamente impuestos, o sea los empresarios, propietarios y comercializadores legales simplemente les piden a los administradores que al menos les escuchen -unos políticos que están de paso, todo sea dicho, como pudo constatarse mediante el lapsus de uno de ellos- a la hora de afrontar con retraso la regulación de su actividad... los altos cargos se limitan a escuchar pero hacen oídos sordos... a lo que es un clamor casi unánime.
